¡España en crisis; España a la deriva!
Donde dije digo… digo impuesto
El Gobierno da bandazos en su política económica mientras la recesión se alarga frente a Europa
RAMÓN MUÑOZ / LUIS DONCEL
¿Es de izquierdas subir impuestos? Hace cuatro años, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tenía muy claro que lo verdaderamente progresista era bajarlos. “Queremos que los ciudadanos paguen menos impuestos, que tengan una buena sanidad pública y que consuman menos alcohol y tabaco. Y eso creo que es ser de izquierdas en el siglo XXI”, decía en el Comité Federal del PSOE del 3 de septiembre de 2005.
Ante los entregados miembros del partido, Zapatero sacaba pecho de una España que crecía el triple que la media de la UE y deslumbraba a Europa con la creación de 900.000 empleos en un año y con las cuentas más saneadas de su historia. Hoy, la situación se ha dado la vuelta y nadie aplaude ni se siente responsable del duro trance por una economía que se contrae a un ritmo del 4,2% y ha visto evaporarse 1,3 millones de puestos de trabajo en el último año. El Estado gasta el doble de lo que ingresa, creando un enorme agujero negro de 50.000 millones de euros, que sólo se puede intentar tapar por un medio: impuestos.
El Gobierno ha adaptado su discurso ideológico a ese escenario de crisis profunda. Ahora, subir los impuestos es “razonable y solidario”. No es el único viraje en redondo. Medidas que se presentaron como muestras de la determinación del Gobierno para retomar el mando de la nave han tenido que modificarse sobre la marcha.
El problema es que las circunstancias parecen cambiar en días o en horas, como ha ocurrido con los 420 euros que el Gobierno prometió a los parados. El Consejo de Ministros aprobó por decreto ley el pasado 13 de agosto la ayuda para los parados que hubieran agotado su prestación el 1 de agosto, y supeditando la ayuda a que la tasa de paro superara el 17%. Las protestas en las colas ante las oficinas del Inem no se hicieron esperar ante el hecho incontrovertible de que quedaban fuera los desempleados que llevaban más tiempo en el paro, es decir, los más necesitados. El presidente reaccionó una semana más tarde y dijo que modificaría el decreto. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aseguró que se había enterado de la rectificación de vacaciones en Tarragona. En la reunión con los sindicatos el 1 de agosto, Corbacho propuso ampliar el plazo hasta el 1 de junio, porque el “dinero público no era elástico”. Horas más tarde, no sólo aceptaba ampliar el plazo hasta el 1 de enero, sino que eliminaba el límite de que el nivel de paro baje del 17% para la prórroga de la ayuda, renovable cada seis meses. El talante negociador, como dice el Ejecutivo, o la política errática de la que habla la oposición, le van a costar al Estado 100 millones de euros adicionales al mes.
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